NOTAS AL REAL DECRETO-LEY 8/2019, DE 8 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN SOCIAL Y DE LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO

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El nuevo Real Decreto-ley 8/2019, publicado en el BOE en fecha 12 de marzo del presente mes, incluye importantes modificaciones en la normativa laboral y de Seguridad Social que inciden en distintos ámbitos de la práctica laboral diaria y que, muchas de ellas, venían recogidas en el proyecto de Ley de presupuestos generales del estado que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados y que no fue aprobado.

 

A continuación, se resumen esquematizadas las principales novedades de la norma, agrupando las diferentes medidas en tres grupos, como hace la propia norma:

 

I.- Medidas de protección social (CAPÍTULO I):

En primer lugar, se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en sus artículos 274 y siguientes, para regular el nuevo subsidio los trabajadores mayores de cincuenta y dos años (artículo 1 RDL).

La finalidad de la nueva norma es la de volver a la regulación del subsidio de desempleo existente con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012 que, recordemos, vino a reducir el ámbito de aplicación. Así como novedades principales tenemos:

  • la reducción de la edad de acceso nuevamente a los 52 años,
  • el requisito de carencia de rentas es exigido únicamente respecto al solicitante, sin incluir el de la unidad familiar en que esté inserto y
  • la base de cotización durante el subsidio será del 125% del tope mínimo de cotización, en lugar del tope mínimo de cotización.

La carencia de rentas se sigue manteniendo en el 75% del SMI y el importe en el 80% del IPREM.

 

En segundo lugar, respecto de las Prestaciones familiares de la Seguridad Social (artículo 2 RDL), se incrementa el importe de la asignación económica por hijo a cargo (congelada desde su establecimiento en 1992), al tiempo que se establecen prestaciones de importe superior en aquellos núcleos familiares con menores ingresos.

Con carácter general, el importe de la asignación económica por hijo o menor a cargo, con menos de 18 años y no discapacitado, se sitúa en 341 euros/año y, como novedad, la cuantía pasa a ser de 588 euros, en los casos en que los ingresos del hogar sean inferiores según la escala que incorpora la propia norma.

 

Se mantienen las cuantías del resto de las asignaciones familiares, establecidas en el Real Decreto-Ley 28/2018:

  • Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %: 1.000,00 euros/año.
  • Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad: igual o superior al 65 %: 4.704,00 euros/año; igual o superior al 75 % y con necesidad de concurso de otra persona: 7.056,00 euros/año.
  • Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad: 1.000,00 euros/año.

 

Se establecen las Cuantías mínimas de las pensiones de incapacidad permanente total para el 2019 (artículo 3 RDL), que quedan fijadas como sigue:

Con cónyuge a cargo Sin cónyuge: unidad económica unipersonal Con cónyuge no a cargo
6.991,60–Euros/año 6.991,60–Euros/año 6.930,00–Euros/año

 

 

 

Respecto de la Inactividad de artistas en espectáculos públicos, se  modifica el apartado 1 del artículo 249 ter de la LGSS (artículo 6 RDL), a efectos de ampliar el plazo de solicitud de la situación de inactividad de artistas en espectáculos públicos, al considerarse que el establecimiento de una fecha cerrada de solicitud no atiende correctamente a las necesidades del colectivo.

Asimismo, el apartado 2 de la disposición derogatoria única del RDL deroga la transitoria única del Real Decreto-Ley 26/2018 desapareciendo la limitación de plazo prevista este ejercicio (hasta 31 de marzo) para solicitar la inclusión en el Régimen General como artista en inactividad.

 

Por último, en el ámbito de la Seguridad Social, hay que tener en cuenta que la Disposición final segunda del RDL incorpora algunas modificaciones o aclaraciones a tener en cuenta. Principalmente:

  • Se precisa el alcance de la eficacia de las cotizaciones realizadas durante los 2 primeros años del período de reducción de jornada por cuidado de familiares, y que se computan incrementadas hasta el 100 % de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las nuevas prestaciones reguladas en el Real Decreto-Ley 6/2019 por nacimiento y cuidado de menor.
  • Se clarifica el alcance temporal de la obligación de financiación, por parte de la Administración General del Estado, de los convenios especiales en el sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, previstos en el Real Decreto 615/2007, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, que se mantuviesen en vigor a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2019. Dicha obligación se produce a partir del 1 de abril de 2019.

 

 

II.- Medidas de fomento del empleo indefinido (CAPÍTULO II):

Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos (artículo 7 RDL), medida dirigida a las empresas que ocupen a personas trabajadoras encuadradas en el Sistema Agrario que transformen, antes del 1 de enero de 2020, los contratos de trabajo de duración temporal suscritos con esas personas trabajadoras, cualquiera que sea la fecha de su celebración, en contratos de duración indefinida, incluidos los contratos fijos-discontinuos.

 

Bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración (artículo 8 RDL), dirigida a empleadores que contraten indefinidamente a personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación. En estos supuestos, y desde la fecha de celebración del contrato, teniéndose derecho a una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente diario, por trabajador contratado de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante 3 años.

Para la aplicación de este incentivo la empresa deberá mantener en el empleo a la persona trabajadora contratada al menos 3 años desde la fecha de inicio de la relación laboral y el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante, al menos, 2 años desde la celebración del mismo.

Además, cuando estos contratos se concierten con mujeres, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/mes (1.500 euros/año) durante 3 años.

 

Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística (artículo 9 RDL), según la cual  las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y de noviembre de cada año y que inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de las personas trabajadoras con contratos de carácter fijo discontinuo, pueden aplicar una bonificación en dichos meses del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, FOGASA y formación profesional de dichas personas trabajadoras.

Esta medida es la misma que lleva varios años incorporándose a las sucesivas Leyes de Presupuestos.

 

 

III.- Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (CAPÍTULO III):

 

Se modifica el artículo 34 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en materia de registro diario de la jornada y así el texto del nuevo apartado 9 del artículo 34ET queda redactado como sigue:

«9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

 

Este texto finalmente aprobado es mucho más laxo que el inicialmente previsto en la propia Proposición de Ley del grupo socialista e, incluso ha llegado a ser criticado tanto por algún sindicato mayoritario, por entender que la ausencia de controles efectivos impedirá que se detecten incumplimientos empresariales en materia de jornada, como por algún sector de la doctrina que vaticina un problema de interpretación del término “garantizará” empleado por la norma y que parece no implicar una obligación directa por parte de la empresa.

La medida entrará en vigor en el plazo de dos meses, es decir, el 12 de mayo, aunque cabe entender que no entrará directamente en aplicación, pues los mecanismos de registro horario de cada empresa se deben determinar “mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario”, por lo que ello, en opinión de autorizada doctrina, puede provocar que las empresas no inicien estas negociaciones, en el caso de existir representación de los trabajadores, hasta el 12 de mayo, con lo que los plazos de concreción pueden alargarse en el tiempo.

Asimismo, con la modificación del apartado 7 del artículo 34ET se prevé la posibilidad -que no obligación- de que el Gobierno, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, pueda establecer “especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesionales que por sus peculiaridades así lo requieran”.

Por otra parte, se modifica el apartado 5 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para calificar de “grave” este tipo de infracción contemplando, así, una sanción de entre 626 euros y 6.125 euros. Lo cual ha sido criticado por algún sector de la Inspección de Trabajo por cuanto, dicha multa es por empresa o centro de trabajo, no individual por empleado por lo que, independientemente del número de trabajadores sobre los que la empresa no pueda acreditar control horario, la multa deberá estar siempre dentro de esa horquilla.

 

Para acabar, entre las Disposiciones Finales del RDL resaltar su disposición final primera que modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, principalmente en los siguientes aspectos:

  • El ámbito de aplicación, se extiende a los jóvenes menores de 30 años, de forma que quedan comprendidos los mayores de 16 y menores de 30, ahora sin condicionantes adicionales ni tramos intermedios en los que se exija que la tasa de desempleo supere umbral alguno. Este límite de 30 años será de aplicación tanto a los jóvenes que estuvieran inscritos en el fichero del SNGJ, como a aquellos que hayan solicitado su inscripción, con anterioridad al 13 de marzo de 2019 -fecha de entrada en vigor del RDL-.
  • Se facilitan las vías de inscripción en el sistema, de forma que cuando se produzca la inscripción o la renovación como demandante de empleo en un servicio público de empleo, será éste quien propondrá la inscripción en el SNGJ.
  • La baja en el sistema se producirá de oficio cuando hayan transcurrido 4 meses desde que el inscrito cumpla 30 años.

 

Por último, es interesante reseñar que la Disposición adicional primera del RDL contempla el hecho de que se constituirá un Grupo de expertos y expertas para la propuesta de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, con anterioridad al 30 de junio de 2019.

 

Recordar nuevamente que este Real Decreto-ley 8/2019 queda pendiente de convalidación parlamentaria en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso prevista, en principio, para la primera semana de abril.

 

Enlace a la norma:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3481

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